El Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado 3 de agosto, probablemente uno de los menos consultados de todo el año, estaba trufado de sorpresas. El Gobierno lanzó antes de irse de vacaciones un Real Decreto ómnibus con todo tipo de medidas, desde las tasas de Aena a las ayudas a las víctimas de accidentes, o las condiciones para demandar un despido colectivo. Este último punto es una llamativa, y silenciosa, vuelta de tuerca a la reforma laboral que atiende en gran parte a las demandas de la patronal y las multinacionales, al limitar las condiciones de demanda por parte de los trabajadores.
El jefe de los empresarios españoles, Juan Rosell lo tenía muy claro cuando recientemente pidió que se introdujeran cambios en las leyes concernientes a la reforma laboral para evitar que "los jueces puedan interpretar, los jueces están para juzgar, decir que sí o que no". En opinión de Rosell, "la judicatura no tiene que interpretar" la ley por lo que en estos meses ha estado pidiendo que la norma sea "más fácil, de forma que no haya posibilidad de interpretación". Y en este sentido se han modificado las fórmulas para acogerse o denunciar despido colectivo que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, rubricó el pasado viernes pese a asegurar, en rueda de prensa, que los cambios en la ley serían mínimos.
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