Canarias importa el 92% de los alimentos de consumo básico que la población requiere para su subsistencia diaria. Este preocupante dato era recordado esta misma semana por la prensa local. Y, como sucede cada cierto tiempo sin que ello tenga ninguna consecuencia práctica, no han faltado las declaraciones de algunos políticos institucionales sobre el enorme peligro que esta dependencia alimentaria supone para las Islas. El consejero insular deAgricultura, Ganadería y Pesca del Cabildo de Tenerife, José Joaquín Bethencourt, por ejemplo, calificó este riesgo como absolutamente "suicida". Mientras, medios que hasta hace bien poco ridiculizaban a quienes se atrevían a alertar sobre los catastróficos efectos que una situación de desabastecimiento provocaría en el Archipiélago descubrían, repentinamente, esta amenaza.
La dependencia alimentaria de Canarias, sin embargo, está lejos de ser un hecho novedoso y, en términos porcentuales, se sitúa en torno al 90% desde hace años. A nivel internacional, esta realidad es resultado de la imposición de un modelo agroalimentario exportador controlado por un pequeño puñado de multinacionales que dominan el comercio de granos y la producción y distribución de semillas, herbicidas y fertilizantes. La situación particular del Archipiélago, no obstante, es también responsabilidad de una casta política que, pese a legitimarse ante la población por su supuesta defensa de la canariedad, estrangula la producción autóctona y subvenciona el negocio de la importación.
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