Desde prácticamente todos los ámbitos sindicales y democráticos se advirtió, con la máxima alarma, que la “reforma” laboral del Partido Popular representaba seguramente el más feroz ataque a los derechos individuales y colectivos de los trabajadores que se conoce, desde al menos, la llamada transición democrática.
Se agudizaba severamente la ya de por sí desigualdad entre las partes en la relación de trabajo, se promovían potestades inauditas para que los patronos pudieran modificar las condiciones de trabajo en aspectos centrales de la relación laboral -jornadas, salarios…- se socavaba el poder de negociación de los trabajadores en los convenios colectivos, se legalizaba el contrato temporal sin causa, se abarató el despido individual, disciplinario y el objetivo; éste último se habilitaba por la simple razón de que descendían los beneficios o incluso de que el trabajador estuviera enfermo, se congelan y reducen los salarios, se paraliza la negociación colectiva…
En este contexto, los trabajadores, amenazados por despidos baratos y fáciles van siendo inducidos a la renuncia en el ejercicio del conjunto de sus derechos.
Las consecuencias de la “reforma” fueron inmediatas: se multiplicaron los despidos, creció hasta niveles de catástrofe el desempleo y, los ocupados, con la soga al cuello, están siendo objeto de una explotación que no se sufría desde los tiempos del franquismo.
En este contexto, los trabajadores, amenazados por despidos baratos y fáciles van siendo inducidos a la renuncia en el ejercicio del conjunto de sus derechos.
Las consecuencias de la “reforma” fueron inmediatas: se multiplicaron los despidos, creció hasta niveles de catástrofe el desempleo y, los ocupados, con la soga al cuello, están siendo objeto de una explotación que no se sufría desde los tiempos del franquismo.
No hay comentarios:
Publicar un comentario