Los decanatos de los Juzgados canarios han registrado una avalancha de procesos civiles y contencioso administrativos los días previos a la entrada en vigor de la Ley de Tasas Judiciales. A modo de ejemplo, sólo en Las Palmas de Gran Canaria los despachos de abogados interpusieron 473 demandas civiles el pasado día 21, una cifra que cuadriplica el número habitual de asuntos -entre los 100 y los 120- que entran en los Juzgados de Primera Instancia, según datos oficiales.
Letrados y procuradores buscaban así ahorrar a sus clientes el pago del tributo establecido por el Gobierno central para acceder a determinados procedimientos judiciales, ya que ese día 21 fue el último antes de la publicación de la nueva Ley, aunque su aplicación efectiva ha quedado pospuesta por la falta de formularios para autoliquidar las tasas.
Además, el incremento de las demandas no sólo ha sido significativo en el orden Civil, también en lo Contencioso Administrativo. De hecho, en el decanato de los Juzgados de la capital grancanaria se presentaron 61 procedimientos, cuando la media de pleitos en esta jurisdicción oscila entre 20 y 30. En lo Social no ha habido hasta el momento repercusiones, pues los tributos para litigar sólo se aplican en segunda instancia, es decir, sólo afectan a los recursos, al tiempo que el orden Penal está exento de estas cargas.
José Ángel Cruz Matías, de Cratias Asesores, admite que su despacho ha tenido que "trabajar a destajo durante tres días de incertidumbre" para interponer nueve demandas civiles. Se trata de asuntos de todo tipo, desde reclamaciones de cantidad hasta anulaciones de productos financieros tóxicos, cuya tramitación después de la aplicación de la nueva norma hubiera supuesto para sus clientes un gasto adicional de 8.600 euros en tasas judiciales.
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