La pasada semana, el presidente de la CEOE de Tenerife, José Carlos Francisco,reclamaba públicamente al Gobierno de Canarias que procediera a despedir a 5.000 empleados públicos de la Administración autonómica. Según el portavoz de ese lobby patronal, éste sería el número de trabajadores del que habría que "prescindir" para ahorrar en torno a 400 millones, ajustándose así a la reducción de los presupuestos del Estado.
Las declaraciones de Francisco se producían, no por casualidad, escasos días antes de que el Consejo de Ministros aprobase el Reglamento de Despidos Colectivos, que abre las puertas a la aplicación de Expedientes de Regulación de Empleo en el sector público. Según fuentes próximas a Moncloa, la cifra de trabajadores que podría ser despedido en los próximos meses en todo el Estado podría rondar los 120.000. Con toda seguridad –aún más después de haber tenido que solicitar el rescate autonómico - el Ejecutivo regional ejecutará su parte alícuota de este "plan de racionalización" durante el próximo año 2013.
El presidente de la patronal tinerfeña, por tanto, era perfectamente consciente de nadar a favor de la corriente al pronunciarse a favor de los despidos de empleados públicos. Aún más precavido que José Carlos Francisco, sin embargo, se ha mostrado, su homólogo grancanario Sebastián Grisaleña. El presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE) esperó hasta este martes para manifestar "su consonancia" con lo expresado por Francisco. En declaraciones effectuadas a los medios de comunicación, Grisaleña coincidió con su colega al asegurar que la administración pública "tiene que adelgazar como lo ha hecho el sector privado".
El presidente de la patronal de empresarios de Las Palmas, no obstante, prefirió no comprometerse opinando sobre el número de empleos que se debería destruir para garantizar dicho "adelgazamiento". "Desconozco -dijo- si lo que sobran son 5.000 ó 1.000 empleos públicos”.
Grisaleña, en cambio, sí se refirió a los ayuntamientos como entidades donde, de manera particular, se debería proceder a reducir personal. Tampoco en ese caso hablaba por hablar el patrón de patrones. El pasado mes de septiembre, la propia directora del Servicio Canario de Empleo, Dominica Fernández, advertía sobre la próxima aplicación de EREs en las corporaciones locales del Archipiélago. Algo que, con la publicación en el BOE del nuevo reglamento de Despidos Colectivos comenzará a suceder, con toda probabilidad, de manera inminente.
Fuente: canariassemanal.com
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