Una experta en Derecho Administrativo alerta sobre el posible uso “reprochable” y “arbitrario” de los despidos en el ámbito de la Administración al tiempo que cuestiona que no se impogan topes en el número de cargos de confianza. Asimismo critica el mantenimiento de privilegios económicos a ex altos cargos funcionarios que regresan a su puesto.
Cristina de la Hoz |
La aplicación de la reforma laboral al sector público, de modo que pueda procederse a los despidos colectivos por causas económicas, técnicas y organizativas comienza a generar un gran número de estudios de expertos en Derecho Administrativo que alertan sobre los riesgos de un mal uso en el seno de la Administración, obligada por su propia naturaleza a motivar todas y cada una de sus decisiones. En este caso es la Profesora Titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Castilla-La Mancha Josefa Cantero Martínez, que considera que en un proceso de este tipo “sería deseable que interviniera el legislador básico estatal para regular el uso que pueda hacerse de esta posibilidad y cómo los principios de igualdad, mérito y capacidad deben tener reflejo en los despidos”.
Y todo ello porque entiende que se corre el riesgo de que estas medidas puedan utilizarse“como coartada de otro tipo de decisiones reprochables jurídicamente”, a saber,“motivos de ideología política, de afiliación sindical o simplemente con la intención última de sancionar a un empleado sin permitirle que pueda beneficiarse de las garantías del procedimiento sancionador”. La Administración necesita de una norma o, al menos, de algún instrumento de planificación que le oriente “en este proceso de decisiones tan drásticas”, continúa el informe, clarificando los criterios para determinar los empleados que va a despedir, los sectores de actividad y los puestos afectados.
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