Establecerá un límite máximo y mínimo de la retribución básica, la complementaria y los pagos en especie. La FEMP quiere que se aplique a las Comunidades el límite de diputados con dedicación exclusiva y, por tanto, con sueldo, así como el número máximo de asesores. Los alcaldes vaticinan una guerra abierta municipios-comunidades por la financiación de las competencias impropias.
Desde el alcalde al último funcionario municipal. Será el Gobierno central el que decida no sólo qué retribución reciben los regidores y los interventores, tesoreros o secretarios de los entes locales, que pasarán a tener habilitación nacional y a depender de la Comunidad autónoma o del Estado, sino de todo el elenco de funcionarios lo que incluye a los jefes de policía local, a los arquitectos a los técnicos y hasta al personal de mantenimiento o los jardineros en caso de que estos servicios no estén externalizados.
Montoro no quiere que nadie de los entes locales escape a su control y así queda claro en la Ley para la Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local. A fin de cuentas es una supervisión que no puede ejercer, por cuestiones competenciales y estatutarias, sobre las Comunidades Autónomas pero sí sobre los municipios, salvo en el caso de aquellos gobiernos regionales que han acudido al Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). El ministro de Hacienda y de Administraciones Públicas tiene la llave de la caja y eso supone pérdida de autonomía, por eso comunidades como la de Madrid o Extremadura, gobernadas por el PP, se resisten a llamar a su puerta.
Fuente: insurgente.org
No hay comentarios:
Publicar un comentario